Castellano afirma que investigó con detectives el fraude del IVA en Ono
El expresidente ejecutivo de Ono, José María Castellano, investigó con detectives privados a sus comerciales supuestamente implicados en el fraude “carrusel” de la teleco por el que Vodafone, su actual propietaria, tuvo que reembolsar a Hacienda 58,6 millones. Así lo ha declarado Castellano en la primera jornada del juicio mercantil que se sigue contra él y otros dos directivos por la supuesta ocultación de esas operaciones a la multinacional británica pocos meses antes de que se formalizara su adquisición en 2014.
El juicio es el último capítulo del conflicto de Castellano conVodafone por la venta a esta última de Ono. El pasado 26 de junio, el Juzgado de Primera Instancia 61 de Madrid obligó a aquella a pagar el bonus de 25 millones que le reclamaba el expresidente de Ono por la consecución del plan de incentivos a largo plazo. En esta segunda parte, es Vodafone la que demanda a Castellano al que acusa, junto a su consejera delegada Rosalía Portela y a su director financiero, Carlos Sagasta, de urdir u ocultar el plan defraudatorio del IVA que finalmente ha costado 58,6 millones al gigante británico.
Según el letrado de Vodafone, que actúa en nombre de Cableuropa, la empresa propietaria de la marca Ono, Castellano habría excluido al área de reventa internacional de voz -donde supuestamente se produjo el fraude- de las auditorías internas. El expresidente, sin embargo, lo negó. Aseguró que el departamento de auditoría actuaba de forma autónoma conforme a un plan de riesgos que él ordenó elaborar. También añadió que ese departamento solo respondía ante el comité de auditoría, del que él no formaba parte, por lo que no podía impartir órdenes sobre qué auditar.
Vodafone también ha recordado durante el juicio que la Agencia Tributaria se había reunido con la alta dirección de Ono para informarle de que cuatro proveedores del área de reventa internacional de voz no habían pagado el IVA y que Castellano no había informado de ello a la británica antes de que se completara la venta. El expresidente mantuvo, sin embargo, que en esa reunión aportaron cuatro certificados de Hacienda que aseguraban que esas cuatro compañías se encontraban al corriente de sus obligaciones tributarias por lo que consideraban que no había fraude.
Pero la respuesta más sorprendente del expresidente de Ono se produjo cuando se le ha preguntado por la marcha voluntaria de la empresa de cuatro comerciales del área donde supuestamente se produjo el fraude en junio de 2014. El ex primer ejecutivo de la teleco ha respondido que su marcha les generó muchas sospechas y que decidieron contratar a un detective privado para comprobar si esos trabajadores se habían enriquecido de algún modo o habían tenido algún tipo de trato con los proveedores que según Hacienda defraudaban. Esas pesquisas, sin embargo, no dieron ningún resultado, por lo que decidieron no denunciar.
Poco tiempo después, Hacienda volvió a avisar a Ono de que uno de esos comerciales del área internacional de reventa de voz había recibido un reloj de uno de los supuestos defraudadores. “El trabajador lo devolvió. Después hicimos una investigación interna y contratamos a un detective, pero no encontramos nada”, ha relatado Castellano.
Vodafone también reprocha al exejecutivo que los directivos de ese área -en la que se habría producido el fraude- tuvieran un incentivo del 450% de la parte fija de su salario mientras que en el resto de departamentos, se limitara al 50%. Castellano ventiló la acusación asegurando que era una “política de la empresa que aprobaba el consejo de administración”, y que su objetivo era “potenciar ese área”.
La inspección del supuesto fraude carrusel del IVA en Ono terminó en abril de 2015 con un acuerdo con Hacienda para pagar 58,6 millones. El acta explicaba expresamente que no se apreciaba “la necesaria culpabilidad del obligado tributario” por lo que los inspectores consideraron que la conducta del operador español de cable “no constituye infracción tributaria punible”. Sobre los cuatro comerciales que fueron investigados contratando a un detective, tampoco pudo la inspección demostrar su implicación.
Fuente: La Información